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Boletín Laboral

“Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor

A la epidemia de enfermedad generada por el virus COVID-19”

Estimados empresarios y dueños de negocios:

El día de ayer salió publicado en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) un acuerdo

emitido por el Consejo de Salubridad General de México en el cual declara como

emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada

por el virus COVID-19. Así mismo, en la rueda de prensa que se llevó a cabo el día de ayer

a las 7:00 pm, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de

México anunció como medida para prevenir que se siga propagando el COVID-19 la

suspensión de todas las labores de las instituciones públicas y privadas que no sean

esenciales para enfrentar la presente emergencia sanitaria, así mismo también “ordenó”

que todas las empresas debían pagar el sueldo íntegro a sus trabajadores durante dicha

suspensión la cual abarcara el período del 31 de marzo al 30 de abril del presente año.

El 27 de marzo del presente año se publicó en el DOF la lista de los insumos, bienes y

mercancías esenciales, dicha publicación se encuentra en el Anexo 1 al presente Boletín

para su revisión.

Lo declarado el día de ayer dejó a todos los empresarios y dueños de negocios del país con

muchas dudas e incertidumbres, por lo que a continuación haremos un análisis detallado

de los alcances legales que traen consigo la declaración de emergencia sanitaria por causa

de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus COVID-19, así como

las medidas adoptadas por las autoridades federales.

El artículo 9 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General establece todas y

cada una de las facultades que tiene dicho Consejo, entre sus facultades se encuentra el de

aprobar y publicar en el DOF la declaratoria en los casos de enfermedades graves que sean

causa de emergencia o atenten contra la seguridad nacional, por iniciativa propia o a

solicitud por escrito de instituciones nacionales especializadas en la enfermedad, que sean

acreditadas por el Consejo, en la que se justifique la necesidad de atención prioritaria,

motivo por el cual el día de ayer declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza

mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus COVID-19, así mismo la

suspensión de labores del 31 de marzo al 30 de abril del presente año de todas las

empresas que no sean esenciales para la presente emergencia sanitaria.

Dichas medidas adoptadas por el Consejo de Salud son de carácter obligatorio para todos

los patrones de conformidad con lo establecido en el artículo 132 fracción XIX Bis de la Ley

Federal del Trabajo (“LFT”), el cual a la letra dice:

“Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones:

XIX Bis. Cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la

autoridad competente, así como proporcionar a sus trabajadores los elementos que

señale dicha autoridad, para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de

contingencia sanitaria;…” (sic)

La suspensión temporal de labores de las relaciones de trabajo que estableció como medida

preventiva el Consejo de Salud se encuentra establecido en el artículo 427 fracción I de la

LFT, el cual a la letra dice:

“Artículo 427.- Son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una

empresa o establecimiento:

I. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física o

mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa,

la suspensión de los trabajos;…”(sic)

Por su parte, el artículo 429, fracción I del mismo ordenamiento establece que en los casos

de suspensión de labores por fuerza mayor el patrón debe llevar a cabo el procedimiento

especial colectivo para que la Junta de Conciliación y Arbitraje (“JCA”) apruebe o

desapruebe la suspensión de labores; sin embargo, con motivo de la epidemia del COVID-

19 a nivel nacional, en estos momentos jurídicamente no es posible presentar un

procedimiento especial colectivo ante las JCA tanto federales como estatales, ya que en

fecha 19 de marzo del presente año dichas autoridades suspendieron todas las labores.

Dichos acuerdos se encuentran en el Anexo 2 del presente boletín para su consulta.

Por lo anterior, obligar a los patrones a presentar un procedimiento especial colectivo para

que la JCA pueda determinar la indemnización que deberán pagar las empresas a los

trabajadores con motivo de la suspensión temporal de las relaciones laborales, los dejaría

en un estado de total indefensión, ya que nadie está obligado a lo imposible.

Ahora bien, el artículo 430 de la LFT establece que las JCA al sancionar o autorizar la

suspensión temporal de labores fijará la indemnización tomando en consideración, entre

otras circunstancias, el tiempo probable de suspensión de los trabajos y la posibilidad de

que encuentre otra ocupación, sin que pueda exceder de un mes de salario.

Consideramos que dicho dispositivo legal no determina que la indemnización tiene que ser

un mes de salario, sino que le otorga a la JCA la facultad de hacer un análisis de todas las

circunstancias que existen para llevar a cabo la suspensión de labores, como pudiera ser la

emergencia sanitaria por la que está pasando actualmente el país, y de esta manera fijar

una indemnización.

Por otra parte, es probable que existan empresas que no puedan llevar a cabo la suspensión

temporal de las relaciones de trabajo y decidan llevar a cabo la terminación de las relaciones

de trabajo. Dicho proceder también está fundamentado en los artículos 434, fracción I y

435, fracción I y 436 de la LFT que a continuación se transcriben.

“Artículo 434.- Son causas de terminación de las relaciones de trabajo:

I. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física o

mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa,

la terminación de los trabajos;…

Artículo 435.- En los casos señalados en el artículo anterior, se observarán las normas

siguientes:

I. Si se trata de las fracciones I y V, se dará aviso de la terminación al Tribunal, para que

éste, previo el procedimiento especial colectivo establecido en el artículo 897 y

subsecuentes de esta Ley, la apruebe o desapruebe;…

Artículo 436.- En los casos de terminación de los trabajos señalados en el artículo 434,

salvo el de la fracción IV, los trabajadores tendrán derecho a una indemnización de tres

meses de salario, y a recibir la prima de antigüedad a que se refiere el artículo 162.”

(sic)

Consideramos que con motivos de la emergencia sanitaria por la que está pasando el país

y el mundo entero, llevar a cabo una suspensión o una terminación de las relaciones de

trabajo por causa de fuerza mayor, no es imputable al patrón pero tampoco se le puede

atribuir a los trabajadores en su perjuicio, por lo que tanto las autoridades como los factores

de la producción deben buscar un equilibrio de conformidad con el principio consagrado en

el artículo 2 de la LFT y con los diferentes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación.

 CONCLUSIONES

 Es obligación de todos los patrones suspender las relaciones de trabajo como

medida implementada por el Consejo de Salud el día de ayer 30 de marzo por la emergencia

sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus

COVID-19.

 En los casos de las empresas con actividades esenciales no es obligación llevar a cabo

la suspensión de las relaciones de trabajo.

 Si la empresa decide suspender y/o terminar las relaciones de trabajo, consideramos

importante negociar el sueldo o la indemnización a pagar con los trabajadores, o en su caso

con el Sindicato con el fin de buscar un equilibrio en los factores de la producción.

 Independientemente de la decisión tomada por las empresas recomendamos firmar

los documentos necesarios para estar protegidos en caso de una demanda individual o

colectiva.

En caso de cualquier duda o comentario al respecto, estamos a sus órdenes.